Por Mizanur Rahman (Texto traducido por Paúl Mena)
Aquello está convirtiéndose en una pregunta incómodamente
familiar en las redacciones cuando alguien con un apellido en español es un
sospechoso de crimen: ¿Es él ilegal?
Llamar a Immigration and Customs Enforcement
(ICE) para chequear el estatus inmigratorio de algún
sospechoso hispano es ahora una rutina. Esto no siempre fue así — no incluso
unos pocos años atrás, ni aquí en el Houston
Chronicle ni en mi anterior periódico, The Dallas Morning News. Y esto es Texas — un estado de frontera con 1.6 millones de inmigrantes ilegales
[PDF], un estado con incontables
ciudadanos cuyos abuelos cruzaron el Río Grande para alcanzar el suelo de
Texas.
Pero los vientos han
cambiado. La inmigración ilegal se ha cosido en los dos últimos años en las
llamas de protestas masivas, retórica nativista y fallidos esfuerzos de reforma
en el Congreso. El Departamento de Homeland Security también ha emitido
una de las más grandes alertas en nuestra historia al incrementar de manera
significativa la aplicación de la ley a lo largo de la frontera y el trabajo en
sitio para extirpar la inmigración ilegal.
Este impulso ha aumentado
sensibilidades alrededor de la inmigración ilegal, haciéndola una “causa
célebre” para los gustos de Lou Dobbs, presentador de CNN, y Bill
O’Reilly de Fox News.
El clima está maduro para
noticias locales sobre inmigrantes ilegales acusados de crímenes a ser
explotadas en la conciencia del público. Como la noticia de Juan Leonardo Quintero, un
trabajador indocumentado acusado de
disparar fatalmente a un policía de Houston en 2006.
La febril reacción a este
caso es reflejada en noticias similares en Phoenix, Los Angeles y el Sur de
Florida.
Por ello no fue
sorprendente cuando un editor de Arizona Republic recientemente contactó
al Houston Chronicle inquiriendo sobre nuestra política de
identificación del estatus migratorio de sospechosos de crímenes. Como muchos
periódicos, nosotros no tenemos una dado que este es un asunto que
recientemente ha emergido. Fue también entendible cuando un reportero del Chronicle
me preguntó, en mi calidad de editor de inmigración, si el periódico estuvo en
una cacería de brujas en contra de los hispanos después de nuestra más reciente
noticia sobre un homicidio que involucró un inmigrante.
José Jesús
Vieyra, nacido en México, fue acusado de homicidio por negligencia criminal
menos de un día después de que el asesor del sheriff del condado de Harris,
Craig W. Miller, chocó su SUV contra el camión de Vieyra en Houston, el 21 de
febrero. La colisión mató a Miller.
Funcionarios del Sheriff
inicialmente dijeron que Vieyra causó el choque al girar en frente de
Miller. Cuando nosotros supimos que
Vieyra era un inmigrante ilegal, rápidamente lo reportamos en Chron.com. Los comentarios
de los lectores en la noticia publicada en la Web fueron rápidos y furiosos:
Deportación para todos los inmigrantes ilegales. Basta ya.
Pero unas pocas horas después nosotros cambiamos la
noticia en la Web después de que funcionarios del ICE dijeron que Vieyra vino a
los Estados Unidos legalmente en 2006, pero se quedó más de lo permitido por su
visa de turista.
La noticia cambió más dramáticamente semanas después.
El examinador médico dio a conocer que Miller estuvo altamente intoxicado con
alcohol cuando el choque sucedió. Su nivel de alcohol en la sangre fue más que
tres veces el límite legal en Texas.
Activistas de derechos civiles de Houston dicen que la
histeria anti inmigrante impuso el rápido arresto. La League
of United Latin American Citizens pidió una
investigación independiente sobre cómo el sheriff y la oficina del fiscal de
distrito manejaron el caso.
Noticias como esta y otras dejan a los periodistas
navegando en enormemente complicadas preguntas de justicia y ética. Estas
historias nos fuerzan a confrontar críticas que nosotros podríamos estar
propagando miedos anti inmigrantes y percepciones erróneas. Recientes estudios,
incluyendo uno
del sociólogo de Harvard, Robert Sampson, muestran que barrios que
experimentan inmigración realmente registran comparativamente más bajos niveles
de crimen.
Inmigración, en algunos aspectos, es como otro
identificador espinoso en las noticias: la raza. Nosotros hemos sido enseñados
que se debe identificar la raza de alguien solo si la raza es un asunto central
para la noticia. Estatus inmigratorio demanda un similar umbral. (Por supuesto,
identificar la raza de alguien nunca hará que sea deportado).
El asesinato
del oficial Rodney Johnson, a primera vista, es una historia de un horrible
crimen. Pero si preguntas sobre la residencia legal del sospechoso aparecen,
luego su estatus inmigratorio se convierte importante a causa de este punto
fundamental: El crimen pudo no haber sucedido si el sospechoso no estuviera en
los Estados Unidos sin autorización. Ese es un asunto que familiares de las
víctimas, fiscales y otros sacarán a relucir.
Por ejemplo, digamos que un
inmigrante ilegal en estado de embriaguez enfrenta cargos por matar a alguien mientras
conducía borracho. El estatus inmigratorio es relevante en este caso porque en
estados tales como Texas, inmigrantes ilegales están prohibidos de obtener
licencia de conducir.
El estatus de residencia de
inmigrantes (legales e ilegales) cargados con un crimen es también pertinente
porque ese estatus determina si ellos enfrentan deportación. Incluso residentes
permanentes legales pueden ser deportados si ellos son condenados por delitos
mayores o crímenes de robo menores.
Enlistar las consecuencias
punitivas que un sospechoso enfrenta es importante en cualquier noticia. Es por
ello que nosotros incluimos cuánto tiempo de prisión una condena penal acarrea.
Ese es el caso para incluir
estatus inmigratorio en algunas noticias de crimen.
Pero en la práctica diaria,
los periodistas ahora enfrentan un campo minado de preguntas. ¿Deberíamos
llamar al ICE para chequear el estatus inmigratorio de TODOS los hispanos
acusados de crímenes serios? ¿Deberíamos solo averiguar sobre el estatus si la
policía está incierta sobre la identificación y residencia de un inmigrante
sospechoso de un crimen?
Y aquí es donde las cosas
son más complicadas: Supongamos que aquel inmigrante acusado de un crimen es
encontrado no culpable. Pero él está todavía ilegalmente en los Estados Unidos,
por lo que él resulta deportado. Sea que nosotros reportemos el estatus
inmigratorio o no, autoridades descubrirán el estatus de residencia. Así,
aunque nosotros no ayudamos a su deportación, hemos publicado el estatus
inmigratorio de alguien. Alguien quien ha sido hallado no culpable.
Alguien potencialmente como
José Jesús Vieyra. Los cargos de homicidio en contra de Vieyra, quien permanece
en la cárcel, podrían ser reducidos dado que al parecer el asesor estuvo
borracho. Pero si incluso Vieyra es liberado, él probablemente será deportado.
(¿Cómo tu redacción maneja
el tema de identificar el estatus inmigratorio de sospechosos de crimen?)
